Hacienda anuncia una nueva batería de alzas de impuestos para las empresas, sobre todo, multinacionales. En primer lugar, el Gobierno desarrolla la idea del anterior Ejecutivo de crear una tasa para las tecnológicas, ampliando su alcance a la economía colaborativa. Sin duda, es necesario que estas firmas tributen en cada país por la actividad que ejercen en él, como reclama Bruselas.
Sin embargo, no debe olvidarse que la UE no ha logrado armonizar un tributo de esta clase. Ni siquiera existe aún una coordinación real entre las mayores economías europeas, por lo que cabe poner en duda la efectividad que tendrá el impuesto español, por sí solo, sobre unas empresas con estructuras ya creadas para desviar beneficios a países de baja tributación dentro de la propia UE.
Pero los problemas son más graves en lo que concierne a la segunda acción de Hacienda: obligar a tributar, con una tasa del 5%, los beneficios de las filiales extranjeras de las empresas españolas. El Gobierno incurre así en una práctica tan grave como es permitir la doble imposición sobre unos ingresos que ya tributaron en los países en los que se obtuvieron.
De hecho, existen cerca de 120 acuerdos firmados con terceros países, precisamente para evitar estas prácticas, a los que las empresas podrán acogerse para impugnar el impuesto. Pero el verdadero problema no radica en que recurran a los tribunales, sino en que opten por una solución más simple: deslocalizarse.
Sería una respuesta lógica a la incoherencia de las acciones del Gobierno. No en vano, anuncia medidas de impulso para la economía mientras, al mismo tiempo, recurre a castigos fiscales que minan la confianza de los empresarios, los actores imprescindibles para que esas iniciativas tengan efecto.
