Todas las autonomías, salvo Cataluña y Asturias, presentaron ya sus Presupuestos para 2018 y muestran una coincidencia: más gasto público. El alza de su desembolso total es del 4%, muy superior al 2,4% que establece la regla de gasto. Sólo la proximidad de las elecciones autonómicas de 2019 puede explicar un avance injustificable desde cualquier otro punto de vista.
Reconocer que la economía está en plena recuperación no implica dar patente de corso en la gestión del gasto. De hecho, las optimistas previsiones de ingresos fiscales de las autonomías podrían verse desmentidas por nuevos factores como el encarecimiento del crudo, capaz de lastrar la actividad económica.
Tampoco sirve alegar que las autonomías cumplieron en 2017 con el objetivo de déficit. Tanto la ayuda de mecanismos como el FLA (aún vigente) como las ahora cuantiosas liquidaciones del sistema de financiación autonómica (correspondientes a los años posteriores a la recesión) contribuyeron, en igual o mayor medida, que los recortes de gasto de ejercicios pasados. Tampoco debe servir de excusa para el mayor desembolso en 2018 el retraso en la reforma de dicho sistema de reparto de recursos.
Por grave que sea ese problema no hace tolerable la transgresión de una norma de gobernanza europea (la regla de gasto) cuya violación acarrea sanciones. Pero igualmente importante es el hecho de que el incumplimiento llega en un momento delicado, cuando España está a punto de cerrar el expediente por déficit excesivo de la UE. El electoralismo del mayor gasto autonómico, sumado a la inesperada actualización de las pensiones con el IPC, puede abocar al sector público a fracasar en su intento de salir de la supervisión europea.
