El nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, cumplió su promesa de entrevistarse de inmediato con Carles Puigdemont. En Berlín, Torra volvió a mostrarse cómodo en su rol de president interino y, una vez más, se comprometió a la "restitución", el eufemismo con el que alude al restablecimiento de las leyes que el Constitucional anuló.
Palabras como éstas sólo pueden atizar la incertidumbre sobre Cataluña. Es cierto que vuelve a quedar claro que el Estado no está desarmado ante un resurgir del desafío. Ayer, el presidente Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, acordaron reactivar el artículo 155 si fuera necesario.
También existe consenso en mantener el necesario control de Hacienda sobre la Generalitat, ante el riesgo de malversación de fondos. Pero igualmente importante es el posicionamiento patente de la gran empresa. El procés se ha revelado, sobre todo desde finales de 2017, como una amenaza económica de primer orden. Las grandes corporaciones ubicadas en Cataluña reaccionaron entonces trasladando sus sedes fiscales y sociales.
Ahora aún más expresivos resultan los recientes informes de coyuntura de hasta 10 grandes corporaciones. Un repaso de estos documentos arroja un inventario exhaustivo de los riesgos que la vía unilateral supone, sin caer en alarmismos pero presentando la situación en toda su gravedad.
Así, Coca-Cola y El Corte Inglés hablan de los daños al consumo, mientras Repsol avisa de la pérdida de confianza internacional y Telefónica, del endurecimiento de las condiciones financieras. Urge que el futuro Govern escuche el modo en que las grandes empresas responden al procés. La manera inequívoca en que expresan su inquietud debe convencer a la Generalitat de la necesidad ineludible de respetar la ley.