El pasado fue un annus horribilis para las sociedades de inversión de capital variable (sicav) en España. Nunca antes su creación en nuestro país fue tan baja, un fenómeno con un claro culpable: la duda sobre cuál será su legislación futura. La indefinición llega a tal punto que incluso la CNMV instó en el Congreso a los partidos a que aclaren sus propósitos. Ninguno respondió aún al supervisor.
De hecho, ha sido necesaria una consulta de elEconomista para averiguar que PP y Ciudadanos prosiguen con su plan de exigir a todo partícipe de una sicav que tenga una presencia mínima superior al 0,55% del capital. Es comprensible el afán de ambos por evitar que la mayoría de los accionistas de estos vehículos sean meros figurantes o mariachis.
Pero, al situar tan alto el listón de entrada, podrían paradójicamente, disuadir a los pequeños inversores interesados en este tipo de sociedades, y que garantizarían con su presencia que las sicav operaran como verdaderas instituciones de inversión colectiva. No en vano, la posición mínima del 0,55% se traduce en una aportación media muy alta, de casi 30.000 euros.
De este modo, muchos ahorradores encontrarán vedado su acceso a unos vehículos que ahora no solo se hallan al alcance de ricos, ya que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil, y que ofrecen una rentabilidad atractiva y bajos costes de gestión. Además, lejos de estar privilegiados fiscalmente, su gravamen del 1% en Sociedades (hasta que se venden las participaciones) es igual al que rige en los fondos de inversión.
No hay razón para penalizar tanto las sicav. Es posible establecer baremos más razonables, que bajen el número de mariachis sin sembrar incertidumbres sobre el futuro de estos productos en España.
