La firma auditora de la sociedad encargada de la explotación de la desaladora de Escombreras ya avisó en 2011 y 2012 que Murcia pagaba un sobrecoste a ACS por la instalación. Sus informes se unen así al realizado por la Udef en la misma línea y elevan las sospechas sobre las irregularidades que rodearon a la construcción de una infraestructura que costó más de 600 millones, muy por encima de lo previsto.
Además la Fiscalía Superior cree que hubo acuerdos entre altos cargos de la región y la constructora para incrementar el beneficio obtenido por esta última. Se acumulan, sin duda, indicios más que suficientes para que se realice una investigación a fondo sobre unas presuntas irregularidades, que ya han tenido un alto coste para el erario público murciano.