Las consecuencias del escándalo en torno al título de máster concedido a Cristina Cifuentes están lejos de terminarse con la dimisión de la ya expresidenta madrileña. La polémica, en primer lugar, ha dañado al conjunto de la universidad española. Evidenció una práctica muy extendida y perjudicial en la enseñanza superior.
El Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, aquél que organizó el curso de Cifuentes, cuenta con acuerdos de colaboración con decenas de academias privadas. Es un procedimiento habitual también en otros centros de enseñanza superior, que no sería por sí mismo problemático si no fuera por la manera en que se articula.
Muchos de estos organismos están autorizados a expedir títulos oficiales, pese a la deficiente formación que ofrecen, mientras las universidades ni siquiera auditan la calidad de la formación. Pero aún hay otra víctima colateral: el PP. El partido permitió que la expresidenta se empecinara en seguir en el cargo durante más de un mes, pese a su cada vez más precaria posición.
La orden taxativa de Mariano Rajoy a Dolores de Cospedal para que Cifuentes se marchara no llegó hasta la mañana de ayer. Era la única respuesta ya posible al aviso que la propia exdelegada del Gobierno dio en la madrugada, acerca de la inminente publicación de un comprometedor vídeo, en la que era sometida a un registro tras un hurto en un supermercado.
Por tanto, Génova no forzó su salida hasta que la precipitación de los acontecimientos la quemó por completo ante la opinión pública. Debe concluirse que los populares han dado otra muestra de plena ausencia de reflejos a la hora de resolver una crisis interna. Por ello, el tardío cese de la expresidenta puede tener un alto coste político.