Personas ligadas a los CDR, grupos radicales independentistas, reclaman asiduamente notas registrales sobre jueces y fiscales residentes en Cataluña. Es comprensible que los registradores rechacen esas solicitudes, que no acreditan un fin económico o judicial para acceder a datos que permiten localizar los bienes de una persona.
Ahora la cautela está aún más justificada por los acosos ya sufridos por políticos o policías en Cataluña. Pero los CDR se sirven también de prácticas más sofisticadas, como recurrir a la mediación de bufetes de abogados afines. Urgen, por tanto, medidas más eficientes de seguridad. La reivindicación de los registradores, en pro de que en este tipo de casos sea un juez quien decida sobre el acceso a la información, puede ser un paso adecuado.