Funcionarios de la Generalitat aseguran a elEconomista que el control de Hacienda sobre los gastos del Govern fueron "laxos" antes de la aplicación del artículo 155. Sus declaraciones llegan en un momento delicado, en el que alcanza máxima intensidad el debate sobre la posibilidad de que se utilizara dinero público en la organización del referéndum ilegal del 1-O. De estas palabras, sin embargo, no cabe deducir que Hacienda hiciera dejación de funciones.
El Ministerio intensificó su supervisión en septiembre, cuando firmó un decreto de no disponibilidad sobre los presupuestos de la Generalitat (que levantó posteriormente) y sometió a su control el fin al que se destinaban las partidas provenientes de los mecanismos extraordinarios de liquidez estatales, como el FLA. Pero la potestad para ejercer una supervisión más exhaustiva de todos los desembolsos del Govern, llegando al extremo de indicarle a qué metas podía destinarlo, no se produjo hasta la activación en octubre del artículo 155.
En los meses anteriores, cuando Hacienda no disponía del respaldo de esa disposición constitucional, la labor del Ministerio se asemejaba a una "revisión aduanera", según los funcionarios de la Generalitat, ya que "se dejaba pasar a la mayoría de los coches y solo se registraba a unos pocos".
En estas circunstancias, es posible que existan grietas en los controles de Hacienda, que el Govern pudo aprovechar para esquivar al Ministerio, con más facilidad si, como la Guardia Civil denuncia, estos movimientos se hicieron sin dejar constancia en facturas. Ante estas posibilidades, resulta muy arriesgado asegurar sin matices, como el ministro Cristóbal Montoro hizo, que la malversación se redujo al uso de locales públicos y que ni "un euro oficial se destinó al 1-O".