Una de las grandes partidas de los Presupuestos Generales de los últimos años ha sido la destinada a los intereses de la deuda pública. En las Cuentas de 2018 (pendientes de aprobación), ese capítulo baja casi un 2% respecto a 2017, pero continúa siendo abultado: cerca de 32.000 millones.
De hecho, llama la atención la magnitud de esa cuantía considerando la buena evolución de la prima de riesgo, que se situó por debajo de 70 puntos la semana pasada, y la confianza que despiertan las expectativas de crecimiento este año (basta recordar la fuerte revisión al alza que acaba de aplicar el FMI).
Es más, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) estima que en este ejercicio el servicio de la deuda no debería acaparar más de 25.800 millones, casi 6.000 millones por debajo de lo que el Gobierno presupuesta. Antes de hablar de una excesiva concentración de recursos en este capítulo, debe considerarse que la contabilidad estatal es flexible.
Si no se agotan recursos en esta partida, es posible destinarlos a otros fines en un año en que el Gobierno afronta compromisos como la liquidación de las autopistas de peaje quebradas. Pero aún más importante es considerar que España acumula un volumen de deuda pública superior al 98% de su PIB y el pasivo aún crece. Esa realidad constituye una vulnerabilidad en unos momentos en los que el BCE se prepara para retirar sus estímulos monetarios este septiembre.
Mayor importancia reviste que el candidato con más posibilidades de sustituir a Mario Draghi, en 2019, Jens Weidmann, habla ya de la posibilidad de elevar tipos en ese año. Ante tales perspectivas de un alza de los costes de financiación, conviene hacer una gestión prudente de ese pasivo y emitir deuda a largo plazo.
