Montoro afirmó esta semana que la malversación de la que se benefició el 1-O estribó en el uso de locales públicos, pero no en el desvío de fondos. Esa negación choca con los informes de la Policía, que hablan de dinero público usado en el referéndum ilegal. Ante esta disparidad, es lógico que el juez Llarena pida al ministro información sobre las pruebas que fundamentan su postura.
Montoro ya aludió a la existencia de un interventor en la Generalitat que proporciona a Hacienda la información pertinente (bajo pena de cárcel si incumple). Ahora bien, sería conveniente aclarar con más precisión de qué manera ese funcionario y su equipo no se limitan a dar fe de la recepción de las información de las Consellerias y dan garantías de que los datos son veraces.