Aunque no se aprueben finalmente los Presupuestos Generales de 2018, el FLA y otros mecanismos de financiación extraordinarios del Estado para las autonomías estarán vigentes en el presente año. Puede sorprender que este tipo de protocolos, creados como auxilio en el peor momento de la crisis económica, operen en un ejercicio como el actual.
No en vano el Gobierno ha vuelto a elevar su previsión sobre el avance del PIB en 2018 (hasta el 2,7%) y la recaudación fiscal apunta hacia un récord histórico. Pero la mejor prueba de lo mucho que ha cambiado la situación radica en las intenciones que manejan autonomías como Andalucía y Baleares. Ambos territorios estudian ya la posibilidad de dejar de depender del FLA y financiarse por sí solas. Es un paso comprensible considerando que muchos Gobiernos regionales vuelven a cumplir con sus metas de déficit público.
Pueden así presentarse ante los mercados internacionales en condiciones de obtener recursos a unos tipos de interés muy competitivos. El FLA, por tanto, entra en una nueva época en la que deja de servir a su fin originario y las prioridades para este mecanismo excepcional son otras. Por un lado, urge buscar soluciones para el alto endeudamiento que las autonomías arrastran con el Estado.
En ese sentido, resulta acertada la intención de Hacienda de negociar una reestructuración de la devolución de ese pasivo (sin afectar al principal) con los territorios cumplidores de sus obligaciones fiscales. En segundo lugar, es también necesario poner ya punto final al funcionamiento de unos mecanismos excepcionales de liquidez que se diseñaron para un contexto económico muy diferente del actual.
