El bloqueo institucional en el que Cataluña se sume está lejos de haberse resuelto con la convocatoria, para el lunes, del debate de investidura como president de Jordi Sànchez. La CUP reafirma su negativa a apoyar a Sànchez, por lo que resulta imposible elegirle por mayoría absoluta. Pero ERC y Junts per Catalunya ni siquiera suman mayoría simple, a no ser que Carles Puigdemont y Toni Comín, aún fugados en Bélgica, renuncien a su escaño.
En cualquier caso, se antoja muy corto el recorrido de Sànchez, dado que carece todavía del permiso judicial para salir de la cárcel y acudir al Pleno, a lo que se suma la posibilidad de que en breve sea inhabilitado por los cargos de rebelión y sedición que pesan sobre él.
Pese a todo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, sigue prestando su colaboración para que actos como el simulacro de investidura tengan lugar. No puede extrañar que, por esa actitud, deba soportar críticas como la que ayer le dirigió el Círculo de Directivos de Habla Alemana.
Los ejecutivos germanos afearon a Torrent gestos fuera de lugar, como su negativa a saludar al Rey antes de la inauguración del Mobile World Congress. Pero más importante es su advertencia de que las inversiones alemanas se marcharán si persisten los desafíos, velados o manifiestos, del secesionismo. Es un serio aviso, cuyas consecuencias van más allá de que se reactiven los cambios de domicilios sociales y fiscales que Cataluña sufre desde octubre pasado.
La salida de las multinacionales extranjeras supondría también traslado de centros de producción y destrucción de puestos de trabajo. La economía catalana, por tanto, aún está en riesgo de sufrir mayores perjuicios si el independentismo no asume por fin plenamente la legalidad.
