El parón institucional en Cataluña afecta a la política nacional, hasta el punto de hacer factible un adelanto electoral en 2019, frente al que los partidos ya toman posiciones. Es cierto que aún se pueden esquivar esas elecciones. El PP trabaja con la hipótesis de la formación de un Govern ajustado a la legalidad en marzo, lo que permitiría desactivar el artículo 155 y ganar el apoyo del PNV para los Presupuestos de 2018.
Ahora bien, pese a que se especula con la posible renuncia de Carles Puigdemont a su investidura, seguirá el bloqueo si el expresident deja paso a otro candidato encausado, como Jordi Sánchez. En ese caso, no habrá Presupuestos y el parón legislativo consiguiente allana el camino a las elecciones.
En la previsión de esa posibilidad pueden encuadrarse gestos como el anuncio que hace Hacienda de rebajar el IRPF a los pensionistas de mayor edad. Pero el intento más descarado de atraer a toda costa el apoyo de los jubilados, aprovechando las movilizaciones de la semana pasada, lo protagonizan los partidos que buscan vincular otra vez las pensiones a las alzas del IPC.
En particular, el PSOE se deja arrastrar hacia esa insostenible reivindicación por Podemos (al igual que han hecho PDeCat y los sindicatos), y demanda una revalorización del 1,6%. Como firmantes del Pacto de Toledo, los socialistas tienen que acompañar una propuesta así con medidas que garanticen el futuro de las pensiones.
Para nada sirven sus argumentos a favor de nuevos impuestos, como un tributo para la banca, cuya recaudación máxima sería de 2.000 millones frente a los 18.000 millones de déficit que la Seguridad Social arrastra. Son, en suma, propuestas puramente electoralistas que amenazan la sostenibilidad del sistema público de pensiones.