Los Presupuestos de 2017 están prorrogados desde enero y ya existe un sector del Gobierno que presiona para mantener esa situación en todo 2018. Si así ocurriera, constituye una falsedad asegurar que el país se condena a la parálisis. El Gobierno no solo cuenta con los recursos que le proporciona la prórroga presupuestaria; además, dispone de los decretos ley para actuar sobre cuestiones urgentes.
Con todo, resulta innegable que la renuncia de un Ejecutivo a elaborar sus cuentas suele identificarse con la resignación a que su política económica se interrumpa. Ahora bien, pagar ese peaje puede constituir una estrategia adecuada para el Gobierno en este ejercicio, por varias razones.
En primer lugar, los plazos juegan en contra. La presentación del anteproyecto de ley ya está abocada a producirse en torno a abril, por lo que los Presupuestos no entrarían en vigor hasta el verano y su tramitación se solaparía con la propia del techo de gasto de 2019. Pero más importante es el peligro de que el Gobierno, debido a su debilidad parlamentaria, tenga que buscar acomodo en los Presupuestos de 2018 a todas las demandas que Ciudadanos y los nacionalistas vascos y canarios le puedan exigir a cambio de su posible apoyo.
El presente es un año demasiado importante en la senda de reducción del déficit como para que el Gobierno se permita un aumento desmedido en el capítulo de sus gastos. No en vano, 2018 es el ejercicio en el que se prevé que el sector público baje sus números rojos por debajo del 3% y la UE cierre el procedimiento de déficit excesivo que abrió en 2009. Recurrir, de manera excepcional, a la prórroga de los Presupuestos de 2017 en este ejercicio puede constituir un medio capaz de asegurar que esas metas no se frustren.