Empleo multiplica en toda España las inspecciones a empresas de internet como Deliveroo o Glovo. Cerca de una decena de estas operaciones ya se han acometido, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Valencia. Este tipo de plataformas han hecho del empleo masivo de trabajadores autónomos la clave para lograr ser rentables.
Es una circunstancia que no sólo preocupa a sindicatos y organizaciones profesionales, sino también a la Agencia Tributaria, que ha situado la supervisión de este tipo de prácticas entre sus prioridades para 2018. Se trata de una alarma lógica. En primer lugar, las bajas cotizaciones sociales, que caracterizan al trabajo por cuenta propia, entrañan un grave problema de reducción de ingresos ahora que la Seguridad Social acaba de cerrar 2017 con el mayor déficit de su historia (18.800 millones).
Pero, además, el recurso a los autónomos por parte de la economía colaborativa puede no ser más que un subterfugio para evitar reconocer una relación laboral estable, y sometida a mayores cargas fiscales, con respecto a sus trabajadores. Ante esa situación, es razonable que Empleo lleve a cabo inspecciones para atajar cuanto antes posibles irregularidades. Pero el problema de fondo requiere soluciones más ambiciosas.
La realidad que la economía online ha creado demanda un cambio legislativo que determine con claridad las condiciones laborales que estas nuevas empresas deben respetar, pese a las peculiaridades de su actividad. Estas firmas han llegado para quedarse, porque así lo demandan sus miles de usuarios. Pero reconocer esa realidad no equivale a dotarlas de patente de corso para transgredir los derechos laborales.
