El castigo a las empresas relacionadas con el sector del gas continuó ayer en la bolsa española. Sirve como ejemplo el comportamiento de las acciones de Enagás que ayer cayeron un 3,75%, después de haber sufrido un descenso del 3% el lunes pasado.
Fue entonces cuando se conoció la intención del Gobierno de aplicar un fuerte recorte (750 millones en dos años) a las retribuciones que las gasistas reciben por sus redes de distribución. Se da, además, el agravante de que no se esperaba un cambio normativo de este tipo hasta 2020, el año en que termina la vigencia de la actual ley que regula el sector.
Por si fuera poco, el viraje que el Gobierno ha dado en este ámbito tiene implicaciones aún más profundas, dado que abre la puerta a recortes retributivos de parecida envergadura en el sector eléctrico. De hecho, Energía ya tiene planeado aplicar esa rebaja este mismo año.
Apenas se conocen más detalles sobre esta iniciativa, aparte de que se utilizará la misma vía para activarla que la ya usada en el caso del gas: introducir enmiendas de última hora en la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía. Ante la ausencia de información más concreta, es previsible que la incertidumbre continuará al alza en el sector energético.
Se ahondará así una tendencia que ya ha llevado a que las empresas cotizadas que se dedican a esta actividad hayan perdido casi 3.200 millones en el parqué desde el viernes. La desconfianza llega en un momento delicado cuando el sector se ha convertido en receptor de grandes inversiones procedentes de fondos internacionales como GIP. El Gobierno debe atajar esta sensación de inseguridad jurídica creciente, explicando con todo detalle los cambios legislativos que planea y los argumentos que los justifican.