El Gobierno ultima un fuerte recorte en la retribución que las empresas gasistas reciben por sus redes de distribución, por sus regasificadoras y por sus almacenes. Se trata de una rebaja que cogió a contrapié al sector, no sólo por su elevada cuantía (750 millones en dos años).
Sin duda, también llaman la atención cuestiones de procedimiento, como que un asunto de este calado vaya a tramitarse por una vía tan rápida como es la introducción de una enmienda en la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía.
Pero aún hay cuestiones de mucho mayor alcance normativo. Si la enmienda prospera, ese hecho significará que el Gobierno introducirá cambios en el sector del gas dos años antes de que caduque el régimen de retribuciones para esta actividad que están fijados, por ley, desde 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cambios inesperados de este tipo pueden sentar un peligroso precedente de inseguridad jurídica, como las gasistas ya denuncian. Es también cierto que la ley de 2014 no cierra todas las puertas a modificaciones de este tipo. De hecho, establece que existen parámetros que se pueden revisar, en el caso de que se produzcan cambios significativos en los ingresos y costes del sistema gasístico, siempre que cuenten con justificación técnica y económica.
El problema estriba en que el déficit acumulado por el sistema, que Energía esgrime como respaldo, es objeto de debate, después de medidas como la anulación judicial de los pagos por el almacén Castor. Por tanto, hay razones para cuestionar el recorte de retribuciones tal y como se ha planteado. A ello se suman las intenciones de Energía de acometer medidas similares, sin concretar más detalles, en el sector eléctrico, lo que contribuye a generar más inquietud en una actividad tan estratégica como la energética.