El auto del Tribunal Constitucional, aunque pospone su decisión sobre el recurso presentado por el Gobierno, ha dado a éste lo que quería: la imposibilidad de que Carles Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat. La vía telemática queda prohibida y para la presencial haría falta que el prófugo se presente ante el juez Pablo Llarena y le solicite permiso para asistir a la sesión del Parlament.
No parece probable que Puigdemont renuncie a su refugio en Bruselas, se enfrente a una más que probable prisión preventiva y quede a expensas de un permiso judicial que bien podría ser denegado. Con el bloqueo de la candidatura de Puigdemont se hace casi imposible que arranque la legislatura en Cataluña, a no ser que se busque otro candidato.
Ya hay voces del entorno de ERC, como Joan Tardà, que aceptarían una alternativa a Puigdemont, aunque oficialmente las fuerzas independentistas aún limitan sus opciones al ex president. Si ERC y JxCat consensuan una alternativa, deberá tener garantías de que salga adelante y que se levante el 155. La renuncia a sus escaños de tres de los cinco políticos fugados hace posible que se cumpla la primera premisa, la de sumar 68 votos en la votación, siempre que se cuente con la CUP.
Pero los anticapitalistas, con cuatro escaños, afirman que sólo acudirán a la investidura si el candidato es Puigdemont y, en todo caso, si el objetivo del nuevo Ejecutivo catalán es el de consolidar la república. Es decir, ahondar en la senda de la unilateralidad, lo que haría imposible el fin del 155. Descartado Puigdemont, la única esperanza para que no haya nuevas elecciones, es que otro candidato acepte la vía constitucional y, a la vez, tenga el apoyo de la CUP, dos premisas hoy por hoy excluyentes.
