El Gobierno presentará un texto legal con la idea de impedir el cierre próximo de centrales nucleares, debido a que rebasarán los 40 años de funcionamiento. La reglamentación pretende que las clausuras se tengan que sustentar en exhaustivos informes, que ponderen tanto la seguridad de suministro como el beneficio del consumidor.
En otras palabras, la normativa ofrece garantías para que la prórroga de 20 años en la vida útil de las centrales sea posible y se haga sobre bases bien definidas. La norma contribuye así a que las nucleares sigan siendo relevantes, lo que constituye aún una necesidad para evitar fuertes subidas de la luz. Además, crea un marco jurídico estable, que permite a las eléctricas invertir con más garantías en las plantas.
