Por primera vez, la economía digital constituye una prioridad en las directrices que la Agencia Tributaria define cada año para sus actuaciones. El fisco se muestra exhaustivo en su hoja de ruta, y abordará tanto los nuevos medios de pago (las criptomonedas) como la actividad de las nuevas empresas de internet.
En cuanto a las criptomonedas, no es casual que Hacienda haga referencia a ellas en el mismo apartado en el que alude a actividades como el narcotráfico o el blanqueo. Es innegable que el crimen organizado encuentra en el anonimato que caracteriza al bitcoin y sus derivados un medio para actuar con mayor impunidad.
Existe también la falsa impresión de que el bitcoin está exento de las exigencias fiscales tradicionales, como la declaración de bienes en el extranjero o el pago del IVA, lo que es una falsedad. Por todo ello, resulta bienvenido el propósito de la Agencia Tributaria de crear unidades específicas para rastrear las operaciones en criptomonedas. España avanza así en la senda de países como Francia, en aras de una mayor regulación.
Pero, más allá de los medios de pago, la operativa de la economía online plantea problemas en todo el mundo cuando sus empresas pretenden disfrazarse de meros intermediarios entre internautas, como subterfugio para saltarse las normativas no solo fiscales, sino también laborales.
La "discriminación del trabajo estable", en palabras de Hacienda, se está convirtiendo en una característica de plataformas como Deliveroo o Glovo. El hecho de que la Agencia Tributaria priorice la lucha contra esta nueva forma de evasión fiscal constituye un avance necesario para que la nueva economía online continúe desarrollándose, como es deseable, pero lo haga de acuerdo con la legalidad.
