La reforma del IVA a escala comunitaria, que ha presentado la Comisión Europea, tendrá hondas consecuencias para Estados y todo tipo de empresas. No en vano se trata del paso más ambicioso que Bruselas ha dado para crear una verdadera zona IVA común en el seno de la Unión.
Sin duda, la unificación de protocolos constituye un gran avance para las pymes, cada vez más volcadas en el comercio electrónico, pero aún obligadas a hacer diferentes tipos de declaraciones, según el país en el que operen.
En cuanto a los Estados, verán ampliada su capacidad de elección a la hora de determinar qué productos se someten a los tipos de IVA reducidos o superreducidos, al tiempo que tendrán más herramientas a su alcance para combatir el fraude en este impuesto indirecto.
Ahora bien, también habrá cambios en lo que a los gigantes del comercio online se refiere. Muchos de ellos sitúan su sede fuera del terreno comunitario. Pero sus necesidades de distribución les obligan a ubicar sus almacenes en países de la UE. No tiene sentido eximir a esos productos del control fiscal (limitando su tributación a las tasas aduaneras), solo por el hecho de estar almacenados provisionalmente, máxime cuando la gran mayoría de ellos tiene como fin venderse a clientes europeos.
Puede afirmarse que el comercio electrónico no tiene fronteras en sí mismo, pero sus necesidades logísticas sí que necesitan apoyarse en territorios bien delimitados, cuyas obligaciones legislativas deben ser respetadas por los gigantes del comercio electrónico. El nuevo régimen del IVA que la Comisión ha diseñado es un paso necesario para que la economía online avance hacia un mayor cumplimiento de la ley y compita de una manera más justa.