Grifols, el laboratorio catalán conocido en España por su claro alineamiento con el independentismo, afronta un importante problema en un mercado sanitario tan fundamental como el estadounidense. Para toda farmacéutica supondría un serio revés ver cómo un medicamente ya plenamente desarrollado se topa con el veto de las autoridades de un país. Eso es precisamente lo que le ocurrió esta semana a Grifols.
El comité asesor de los supervisores farmacéuticos de EEUU tumbó el Pulmaquin, un producto destinado a enfermedades pulmonares cuyo desarrollo ya ha absorbido recursos por cerca de 65 millones de euros. Ahora bien, el problema está lejos de agotarse en una cuestión técnica o científica.
El Pulmaquin es el producto estrella de Aradigm, un laboratorio del que Grifols posee el 35% de las acciones desde 2013, que se encuentra ahora señalado por ocho bufetes de abogados que le acusan de manipular los informes sobre el Pulmaquin, especialmente los que atañen a sus análisis clínicos, siempre fundamentales para determinar si un medicamento es o no viable.
Grifols no controla directamente la gestión de Aradigm, pero es indudable que este escándalo le afecta de forma plena. La gravedad del presunto delito, un posible fraude a los accionistas, permite prever un aluvión de demandas millonarias sobre el laboratorio catalán, a las que tendrá que hacer frente como principal accionista.
Éste es, de momento, el resultado de una estrategia que llevó a Grifols a apostar muy fuerte por entrar en Aradigm, con un desembolso de 30 millones de euros. La compra solo ha servido para abrir un grave conflicto, de incierto desenlace, que puede provocar un serio daño reputacional.
