La fiscalidad de Ikea se encuentra bajo la lupa de la Unión Europea. En la investigación tiene una importancia clave un autopréstamo de 5.400 millones concedido entre sociedades del grupo sueco en 2011. Ése no fue un año cualquiera para la empresa.
Fue entonces cuando la UE declaró ilegal la operativa que Ikea utilizaba desde 2006, con el beneplácito de Holanda. En este país, la empresa de mobiliario cuenta con una sociedad, Inter Ikea Systems, que pagaba cuantiosas sumas a una filial, radicada en Luxemburgo, en concepto de propiedad intelectual. Pero el verdadero fin de esos pagos era, según la UE, desviar beneficios.
El descubrimiento de esta práctica resulta, por sí solo, suficientemente grave, pero el problema crece si, como Bruselas sospecha ahora, Ikea no empezó a tributar con normalidad en Holanda, sino que buscó otro subterfugio. Presuntamente, recurrió a otra filial de su grupo, en Liechtenstein, que concedió un préstamo de 5.400 millones a la matriz holandesa en condiciones fuera de mercado.
Los muy elevados intereses, 6%, permiten sospechar que el objetivo no era financiar a Inter Ikea Systems, sino disparar sus costes financieros y reducir al mínimo su factura fiscal en Países Bajos. En este caso, al igual que ocurrió en 2006, todo apunta a que Ikea contó con la connivencia del Gobierno holandés.
Si se demuestra este extremo, quedará en evidencia que Amsterdam e Ikea armaron un sistema fiscal ad hoc intolerable en la UE, ya que se basa en ayudas de Estado que atentan contra la competencia, al tiempo que permiten a las multinacionales desviar los beneficios de su actividad en otros países de la Unión. Bruselas debe atajar estas presuntas prácticas, al igual que ha hecho con otras semejantes que salpicaron a los gigantes tecnológicos.
