Un mes después de la activación del artículo 155, el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo balance de la situación junto a más de 20 directivos empresariales, en la cuarta edición del CFOrum, celebrado en la sede de elEconomista. La intervención de la Generalitat fue clave para restaurar la estabilidad institucional y, en el plano económico, para preservar la senda de crecimiento del PIB español.
Así, Guindos confía en repetir un avance del 0,8% en el cuarto trimestre, lo que le permite ser "moderadamente optimista" sobre el cierre de 2017. Ahora bien, el hecho de que se hayan evitado males mayores no equivale a afirmar que la deriva secesionista fuera inocua. Algunos perjuicios son ya evidentes.
Es el caso del éxodo de empresas (aún en curso) o el fracaso de la candidatura barcelonesa para acoger la Agencia Europea del Medicamento. Como el ministro resaltó, la Ciudad Condal habría sido elegida con una probabilidad del 60-70% en un escenario político normal. Sin embargo, otros perjuicios del desafío secesionista no son tan patentes, pero también revisten gravedad.
Guindos destacó la oportunidad perdida para que España recuperara la calificación A para su deuda. Volver a situar al bono en tan alto nivel habría recortado 30 puntos la prima de riesgo y habría permitido a la bolsa alcanzar cotas entre un 20% y un 25% superiores a las actuales.
Por tanto, es indudable que el procés ha infligido un golpe notable a la economía catalana y española, especialmente a su reputación exterior. De momento, según el ministro, su "impacto" es limitado. Para que no se agrave, resulta clave que se cumplan las expectativas ya existentes sobre el 21-D, y el futuro Govern se comprometa a respetar la ley.
