La intervención de la autonomía catalana, en virtud del artículo 155 de la Constitución, lleva más de una semana en vigor y, sin duda, resultó un paso necesario para restaurar la seguridad jurídica en esa comunidad autónoma. El mundo económico ha valorado especialmente la rapidez con la que la aplicación de dicho artículo se ha planteado, de modo que desembocará en unas nuevas elecciones el próximo 21 de diciembre.
Como el presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, expone en elEconomista, esos comicios constituyen la tan anhelada posibilidad de constituir un nuevo Govern "resolutivo, que cree un clima de confianza capaz de convertir de nuevo a Cataluña en un centro de atracción económico". Ahora bien, empresarios e inversores también muestran sus recelos ante el escenario que puede plantearse desde la misma campaña electoral.
Actualmente, es imposible descartar la posibilidad de que un bloque independentista reforzado vuelva a lanzar mensajes en defensa de una nueva deriva basada en arbitrariedades y hechos consumados. En ese contexto, comenzaría a plantearse el escenario más extremo para la economía sobre el que ya han advertido tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Se trata de un horizonte de máximo riesgo en el que el crecimiento del PIB catalán podría perder cerca de 2,7 puntos porcentuales sólo en 2018. Es más, el conjunto de la economía española podría sufrir una recesión comparable a la experimentada en 2012, en la crisis del euro. El temor de empresarios e inversores está, por tanto, plenamente justificado y sólo se disipará si gane quien gane el 21-D se compromete a respetar la legalidad.
