La situación excepcional que vive Catalunya está condicionando a los sectores económicos y dividiendo a la sociedad catalana. Tras una fuga de cerca de 2.000 empresas durante octubre, una fuerte caída en la creación de empresas en septiembre y también el mes pasado, y el fuerte impacto que están teniendo las tensiones en sectores claves para la economía catalana y española, como son el turismo, el comercio o la hostelería, los empresarios demandan a los políticos que retomen un discurso político constructivo, en el que se reduzca la confrontación y se presenten programas que se adapten al marco legal. Para ello, es necesario descartar la independencia unilateral en el caso de los partidos independentistas con opciones de formar gobierno, como son ERC y el PDeCat. Vea aquí más noticias de la revista gratuita de elEconomistaCatalunya.
Respecto a la situación económica, desde Foment del Treball, patronal de las grandes empresas catalanas, señalan que la entrada en vigor del artículo 155 ha permitido que los inversores comprueben que se ha podido recuperar la normalidad y reestablecer la seguridad jurídica, que se debería preservar durante los próximos meses. Uno de los ejemplos de esa mejor sintonía ha sido Freixenet, que ha optado por no mover su sede social tras la activación del artículo 155.
La precampaña hacia el 21-D, sin embargo, no ha podido comenzar en un ambiente más complicado, tras la llamada a la movilización de los catalanes contra la entrada en prisión preventiva de Oriol Junqueras, vicepresidente cesado de la Generalitat de Catalunya, y de todos los consellers que fueron a declarar la semana pasada ante la Audiencia Nacional.
La huida de Carles Puigdemont y otra parte del Gobierno catalán a Bélgica, buscando presionar a Europa para que se implique en el conflicto y en un movimiento que podría haber colaborado a que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretara la entrada en prisión incondicional para la mayoría de los miembros del ex Gobierno catalán.
Para Cecot, patronal vallesana cercana al independentismo, con estos encarcelamientos el camino hacia las elecciones del 21-D se complica. "La campaña debería comenzar sin encarcelados por respeto a derechos básicos y para distender el clima político existente", señala. Cecot también pide que durante la campaña se produzca un debate constructivo: "Queremos que las candidaturas hagan propuestas sobre competitividad y economía productiva. Por ejemplo, en temas tan importantes como la energía, la formación, las infraestructuras...", apuntan. Para la patronal también se debe destensionar el debate del encaje de Catalunya en España, porque es un problema que sigue sin resolverse.
"Queremos una campaña con argumentos e información por parte de todos a la hora de que haya debate entre las diferentes fuerzas políticas en base a argumentos y que esperamos contención verbal y positivismo frente a excesos, amenazas o negativismos".
Pimec, la patronal de pequeñas y medianas empresas catalanas, ha optado por abandonar las mesas de mediación y diálogo en las que participaba -entre ellas la Mesa por la Democracia-, para no interferir en la campaña electoral. La asociación siempre ha apoyado un referéndum pactado y cree que durante la campaña electoral, además de un mejor reconocimiento de la identidad catalana, se deben afrontar temas económicos clave, que siguen pendientes, como la financiación autonómica o el desarrollo de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo.
El riesgo económico
La posible inestabilidad económica que pueda generar una nueva oleada de manifestaciones y posibles huelgas, como la prevista para el próximo 8 de noviembre, puede condicionar que se retome un discurso político que cree confianza entre los sectores económicos y en el que se suprima el discurso de la vía unilateral, al margen de la legalidad como herramienta para declarar la independencia.
Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, asociación empresarial que defiende la permanencia de Cataluña en España, señala que la opción que menos daño haría a la economía sería un Gobierno integrado por los partidos constitucionalistas, ya que sería el único camino para enterrar la amenaza de ruptura. "Los efectos económicos que van a provocar el mes de octubre y el haber llegado hasta el límite, se remontarían en dos o tres años si tenemos un Gobierno estable con el que se eluda completamente el riesgo de secesión", señala Bou.
El empresario reclama que el próximo Gobierno de la Generalitat sea muy "resolutivo", y que, bajo el paraguas de la legalidad, consiga crear un clima de confianza que vuelva a convertir a Catalunya en un centro de atracción de inversores; si no, anticipa que el empleo se resentirá. Para el presidente de Empresaris de Catalunya, que confía en que se pueda producir un cambio en el equilibrio de poder en el Parlament hacia una mayoría no independentista, las manifestaciones por la permanencia de Cataluña en España, nunca vistas hasta el momento, es un síntoma de que se puede movilizar el voto constitucionalista el 21-D.
Por el momento, la última encuesta del CEO continúa dando la victoria a las formaciones independentistas, que podrían mantener la mayoría absoluta; aunque se dan combinaciones en las que perderían.