La Generalitat contestó ayer al requerimiento en el que se le instaba a concretar si declaró la independencia. Pero lo hizo desafiando de nuevo a Moncloa, sin respetar la claridad exigida. Por tanto, es ingenuo esperar que el Govern vuelva a la legalidad el jueves y evite el riesgo de otra crisis en España comparable a la sufrida en la Eurozona en 2012, como advirtió ayer el ministro Cristóbal Montoro en la presentación del libro sobre la historia de elEconomista.
Se trata de un aviso muy grave que, si se cumple, supondría no solo la total parálisis de la recuperación, sino la regresión a los peores momentos de la crisis; es decir, paro desbocado, más deuda y recesión.
En este escenario no queda otro remedio que activar el artículo 155. Se trata de un apartado constitucional muy abierto, que puede amparar multitud de medidas. El Gobierno estudia, acertadamente, aprovechar ese margen y definir un repertorio de cerca de 15 acciones a las que recurrir gradualmente. La prioridad radicaría en controlar los Mossos y profundizar la supervisión que ya ejerce Hacienda. Respecto a las demás medidas, se aplicarían progresivamente si la actitud del Govern de Puigdemont lo requiere. Pero ni él ni su equipo serían, en principio, relevados.
La cautela por la que Moncloa parece inclinarse es adecuada. Hacer que el Estado asuma desde el inicio todas las competencias, o precipite unas elecciones, sería un paso arriesgado que puede generar más inestabilidad. La deriva secesionista está asfixiada financiera e internacionalmente, pero su solución no llegará escenificando una victoria rápida del Estado. Requiere de una estrategia a medio plazo, que abarque múltiples campos (financiación, seguridad, educación...), a la que una aplicación prudente del artículo 155 ayuda mucho.