El éxodo de empresas que Cataluña sufre es un fenómeno que solo se detendrá con el necesario regreso de la normalidad institucional a esta autonomía. Ahora bien, incluso en ese caso, sus efectos se seguirán notando, debido a las dificultades para revertir un proceso así. En primer lugar, es imposible asegurar que todas las sociedades que cambiaron sus domicilios sociales o fiscales (o ambos) deseen volver.
El caso de Quebec demuestra que no resulta descartable un no retorno, como el que protagonizó la gran banca, tras huir de ese territorio y establecerse definitivamente en ciudades como Toronto. Pero, además, para aquellas firmas deseosas de regresar el proceso puede durar hasta cinco años.
No en vano una mudanza de este tipo, sobre todo de domicilios fiscales, implica unos costes internos y de reorganización que las empresas solo pueden plantearse en el medio plazo. En una situación semejante se encuentran también las expectativas de inversión del sector industrial y las multinacionales.
Aunque no se haya producido aún un éxodo de fábricas, es factible que las matrices de las que las filiales catalanas dependen se hayan replanteado el peso que otorgarán a éstas es sus planes de expansión o de I+D. Reformular esas estrategias también exigirá años antes de poder volver a la situación inicial, previa al procès.
Sea cual sea el desenlace del desafío soberanista (todos las posibilidades siguen abiertas desde la declaración de independencia en diferido del martes), lo que puede ya afirmarse es que la herencia de la deriva capitaneada por Carles Puigdemont es un golpe duradero a la economía catalana, y por extensión a la española, que hace factible incluso una recesión, como de la que la agencia S&P advirtió ayer.
