La incertidumbre está lejos de disiparse en Cataluña. Los sectores más duros del independentismo presionan para que el president Puigdemont presente hoy la secesión unilateral y se vote en el Parlament. La posibilidad de que Puigdemont haga una mera declaración simbólica y abogue por una negociación pierde así fuerza. En consecuencia, se ha acelerado la huida de empresas de Cataluña y menos de una semana ha bastado para que se produzca un éxodo de compañías que juntas suman una valoración superior a los 77.000 millones.
Con todo, el daño económico que el procès genera presenta aún más facetas perniciosas. El ámbito hostelero catalán vive un via crucis, con descensos de la facturación en torno al 30% en Barcelona, según denuncia el gremio de la restauración de la Ciudad Condal. El sector ha vivido meses difíciles debido al endurecimiento de la normativa municipal, los ataques vandálicos contra el turismo del pasado verano y, sobre todo, el impacto de los atentados de agosto. Pero, en un contexto de recuperación económica, es necesario apelar a otros factores para explicar retrocesos tan grandes de la facturación hostelera.
El clima de total incertidumbre que el procès sembró no sólo ahuyenta empresas, sino también turistas, y pesa sobre las decisiones de consumo de estos y de todos los habitantes de Barcelona. La situación golpea la línea de flotación de miles de pymes (mayoritarias en el sector servicios), cuya única capacidad de responder, en muchos casos, se limita a destruir empleos o incluso cerrar el negocio. Queda demostrado así que la deriva secesionista no sólo ha puesto en jaque a la gran empresa, sino a la economía catalana en su totalidad.
