Cataluña vivió ayer un paro de país (huelga general secundada también por parte del sector público) que demostró, de nuevo, el alto poder de convocatoria del secesionismo. Pero su significado es mucho más profundo. La impunidad con la que se alteró el funcionamiento de servicios públicos básicos, con medidas como el bloqueo de miles de ciudadanos en las carreteras, supone un salto cualitativo.
La capacidad para dar esos pasos es propia de un movimiento que solo reconoce legitimidad a la acción callejera y rechaza todo cauce institucional. La Generalitat está desbordada por la protesta que atizó. Es inevitable que la mayoría de la sociedad española (dentro y fuera de Cataluña) ya no solo sienta preocupación sino miedo ante una situación de descontrol.
La clase empresarial no es ajena a ese temor (como ya manifestaron varias patronales, la última, el Instituto de Empresa Familiar) pues, por primera vez, es factible un escenario de secesión unilateral que desemboque en una salida desordenada del euro y del sistema financiero del BCE. Las cargas policiales exacerbaron los ánimos de los manifestantes, pero es increíble que éstos se estimulen por el propio Puigdemont.
El presidente del Gobierno, junto a la defensa de la Policía y la Guardia Civil, debería haber incluido unas disculpas a los heridos. Las actuaciones policiales resquebrajan el bando constitucionalista sobre los pasos a seguir. Puede afirmarse, por tanto, que el desafío secesionista alcanza una situación límite, hasta ahora inédita , capaz de "amenazar la estabilidad social y económica", como ayer denunció el Rey Felipe VI, que calificó de "irresponsable" la conducta de los dirigentes catalanes. Es ineludible buscar una solución dialogada para evitar un desenlace imprevisible.
