La jornada electoral fraudulenta del 1-O terminó ayer dejando aún más dudas e incertidumbres. En primer lugar, apenas cabe alguna seguridad hacia la futura actuación de los convocantes del referéndum ilegal, los partidos Junts pel Sí y la CUP y, sobre todo, la Generalitat. El Govern volvió a demostrar que toda violación de garantías democráticas le parece lícita a la hora de conseguir sus objetivos.
Sin ningún escrúpulo, a primera hora de la mañana, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, anunció un descarado cambio de las reglas de votación que la propia Generalitat, en teoría, reconocía. Fue entonces cuando entró en vigor el censo universal, que permitía dirigirse a cualquier colegio y votar con papeletas impresas de forma particular y sin sobre.
La anulación de este censo por parte de la Policía dio lugar a otra cascada de arbitrariedades, amparadas por el Gobierno de Carles Puigdemont, como ubicar urnas en la calle o registrar votantes a mano. La espiral de ilegalidades en las que la Generalitat lleva semanas embarcada no encuentra, por tanto, techo y es previsible que, con la connivencia de la Presidencia del Parlament, pretenda extremar aún más la situación, y ya prepara una declaración unilateral de independencia.
El Gobierno central, por su parte, se internó en territorio ignoto al dar un paso que hasta ahora había evitado. Ante la pasividad en la que se refugiaron los Mossos d'Esquadra, implicó de forma directa a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden público en Cataluña, ya que fueron los encargados de cerrar colegios electorales y retirar urnas.
Se trata de una decisión muy cuestionable, que el propio Ejecutivo tuvo que corregir por la tarde, cuando no se repitieron las cargas. Las imágenes de violencia en la que se vieron implicados ciudadanos merecieron la condena inmediata de los principales medios de comunicación internacionales, escandalizados frente a una acción que se antojaba desproporcionada, ante un referéndum prácticamente desarmado desde el punto de vista logístico.
Quedó así en evidencia el "daño que ha sufrido la convivencia" interna en Cataluña, como reconoció el presidente Rajoy. La gravedad de la situación ha hecho que el jefe del Ejecutivo decida convocar a todos los partidos para tratar la cuestión catalana. La posición responsable del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien reafirmó su apoyo al Estado de Derecho por encima de todo, es un buen comienzo para esos encuentros y elude intentos de moción de censura.
Pese a ello, sería ingenuo restar importancia a las grandes dificultades políticas que desde hoy se abren. Sin duda, tras la violencia en el 1-O, será muy difícil lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del año que viene, aquéllos que el propio Gobierno consideraba clave para asegurar la prolongación de la actual legislatura. Pero, sin abandonar el plano económico, aún más incalculable es el efecto del golpe de la imagen exterior de España ha sufrido. Resulta inevitable que los síntomas de inestabilidad institucional acaben pesando en el ánimo de inversores foráneos y turistas, como advirtió la semana pasada el Banco de España y también las principales organizaciones patronales.
En un primer momento, esa retracción de la confianza tendría efectos en la prima de riesgo española, pero más adelante puede impactar en el PIB en un momento delicado. No en vano la economía de nuestro país mostró ya en el tercer trimestre una pequeña desaceleración, hasta situarse en el 0,8% intertrimestral; si se agrava, amenaza con truncar la creación de empleo y la recuperación económica.
