Las expectativas sobre el Pleno del Parlament se cumplieron con creces. Era previsible que Junts pel Sí y la CUP modificaran sobre la marcha el orden del día, para incluir la tramitación de la norma, declarada ilegal por el Constitucional, que da cobertura al referéndum de octubre. El reglamento permite estos cambios; ahora bien, establece unos límites que ambas formaciones, con la complicidad de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, transgredieron. Resulta inadmisible la manera en que Forcadell pretendió privar a los diputados de un derecho fundamental, como aquél que los ampara para presentar enmiendas a cualquier ley que discuta el Parlament.
Solo las firmes protestas de la oposición, encabezadas por Ciudadanos y el PSC, hicieron posible que se improvisara un mínimo periodo, tres horas, en el que presentar objeciones. Los secesionistas también pretendieron dificultar la consulta al Consejo de Garantías Estatutarias en previsión de que el organismo, como finalmente ocurrió, diera la razón a la oposición en sus protestas. Este dictamen no paralizó la tramitación de la ley, lo que demuestra que solo acciones contundentes, como las que el Gobierno ya ha puesto en marcha, frenarán a los partidos independentistas.
El Ejecutivo actuó como debía al instar al Constitucional a que dirima las responsabilidades penales de quienes propiciaron esta "patada a la democracia", en palabras de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Sin duda, el Tribunal podrá frenar esta norma, así como la que regula la desconexión respecto a España, pendiente de tramitarse. Pero urge llegar más lejos y tomar todas las medidas necesarias para que una institución democrática como el Parlament no vuelva a quedar a merced de una total arbitrariedad jurídica.
