El ministro Cristóbal Montoro habló con claridad al asegurar que recurrirá a todos los medios a su alcance para garantizar que la Generalitat no financia el referéndum del 1 de octubre. Montoro se mostró incluso dispuesto a enviar inspectores (coloquialmente hombres de negro) para que supervisen directamente las cuentas del Gobierno autónomo. El ministro cuenta con plena legitimidad para dar pasos como ése.
El Ejecutivo central no puede tolerar que ninguna Administración destine recursos públicos a fines que han sido declarados ilegales. En el caso de Cataluña, el ejercicio de ese control está aún más justificado, en la medida en que es la autonomía que mayor financiación recibe de los mecanismos extraordinarios de liquidez del Estado, cerca de 70.000 millones desde 2012. Los recursos del FLA o de los planes de proveedores sólo pueden dedicarse a garantizar servicios públicos. Esa función resulta ineludible en territorios como Cataluña donde suministros básicos, como el propio de los medicamentos, mostraron graves problemas.
Pese a tan evidente exigencia, la Generalitat se permitió incluir en los Presupuestos de 2017 una partida destinada a "gastos electorales". Movimientos así justifican que Hacienda intensificará su supervisión y, desde julio, demande semanalmente al Govern un informe de sus gastos. Pero las amenazas proferidas ayer por los portavoces del PDeCAT, asegurando que el referéndum se financiará en cuanto se apruebe su "marco legal", llevan a pensar que incluso ese control puede ser insuficiente. Por ello, Hacienda actúa adecuadamente al mostrarse firme. Si el desafío permanece, y se hace necesario recurrir a la tutela financiera de la Generalitat, el Ejecutivo debe dar ese paso.
