Ni un solo euro de la Generalitat puede ir destinado al referéndum independentista. Esa es la premisa innegociable del Gobierno, que advierte de que, si se desvía cualquier cantidad de dinero público a la consulta catalana del próximo 1 de octubre, el Ejecutivo "no va a dudar en aplicar todos los elementos que tiene en su mano para garantizar que ni un solo euro de la Generalitat financie el 1-O", lo que incluye el envío de expertos para controlar cada céntimo de las finanzas autonómicas, los llamados hombres de negro del Ministerio. Estos agentes son uno de los instrumentos previstos ante el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria.
Así lo aseguró ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar las nuevas medidas que el Gobierno puso en marcha el pasado 21 de julio para evitar que el dinero que recibe Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sea usado para financiar el independentismo. En esa comisión, Montoro explicó que, hasta la fecha, el Gobierno catalán ha emitido todos los certificados semanales que se le han requerido para seguir recibiendo los pagos del FLA, y que ratifican que "ni un euro del Presupuesto de la Generalitat se ha destinado a financiar el 1-O".
En ese sentido, el ministro subrayó lo paradójico que resulta que los mismos que insisten en hacer una consulta independentista son los que certifican semanalmente que no hay nada presupuestado para sacar las urnas a la calle. ¿Cómo se hace una convocatoria pública sin presupuesto público?, se preguntó el titular de Hacienda. ¿Harán una colecta?, ironizó.
En espera de la ley
Un guante que recogió el portavoz del PDeCAT, Antoni Postius, que replicó a Montoro que si hasta ahora "no se ha gastado un sólo euro" es porque todavía no existe el marco legal para ello. "Lo tendremos la semana que viene, cuando se aprueben las dos leyes", la de desconexión y la de convocatoria del referéndum, advirtió el dirigente catalán, que se mostró convencido de que Cataluña votará el 1-O.
Si se cumplen las advertencias del PDeCAT y la Generalitat aprueba la financiación del referéndum a partir de la semana que viene, cualquier euro público destinado a la consulta constituiría una ilegalidad, explicó Montoro. De darse ese caso, el Gobierno aplicaría las "medidas coercitivas" previstas en la ley de estabilidad presupuestaria, que recoge la no disponibilidad de créditos, una multa equivalente al 0,2% del PIB y el envío de una comisión de expertos que controle las finanzas autonómicas.
En ese sentido, el ministro quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y aseguró que, en todo caso, el Estado garantizará los servicios públicos y el pago a los proveedores. Si los hombres de negro del Gobierno de Mariano Rajoy toman el control de las finanzas catalanas, la Administración central suplirá las funciones de la Generalitat "para garantizar esos servicios públicos", remarcó el titular de Hacienda.
El riesgo económico
Montoro también dijo que la situación económica de Cataluña es muy complicada a causa de la deriva independentista y que están sobreviviendo gracias a la liquidez que les llega del Gobierno central, ya que son la autonomía que ha recibido más dinero del FLA, con un ahorro total en intereses de alrededor de 19.000 millones. "Que Cataluña sea la región que más crece pero tenga los mercados cerrados sólo se explica por su situación política interna", que "pone en peligro la salida de la crisis", puntualizó Montoro.
Un comentario que no gustó nada a los independentistas catalanes. Según la diputada Ester Capella, de ERC, retirar el FLA llevaría a España a suspender pagos, dado que Cataluña representa el 19% del PIB, una idea a la que se ha sumado la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal.
El portavoz de Ciudadanos, Francisco De la Torre, puso en duda la fiabilidad de los certificados semanales de la Generalitat, firmados por el propio Oriol Junqueras, y ha incidido en la necesidad de reforzar el control presupuestario de la Generalitat para intentar evitar una intervención o tener que llega a las medidas coercitivas citadas por Montoro, lo que, en su opinión, "sería un fracaso".
Las medidas coercitivas
Retención de crédito
El artículo 25 de la ley de estabilidad presupuestaria establece las medidas coercitivas en caso de incumplimiento de la norma. En primer lugar, el apartado 25.1.a) recoge la obligación del Gobierno de la CCAA de efectuar una "retención de disponibilidad de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido". Ese mismo epígrafe añade que, "cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado".
Multa del 0,2% del PIB
El segundo supuesto, recogido en el artículo 25.1.b), alude a la posibilidad de constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% del PIB nominal de la comunidad autónoma, lo que en el caso de Cataluña rondaría los 500 millones de euros.
Comisión de expertos
El mismo artículo, en su apartado 25.2, también abre la puerta a que el Ministerio de Hacienda podrá acordar el envío "de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada". Estos expertos, lo que coloquialmente se conoce como los hombres de negro, podrán "solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos". La comisión de expertos deberá presentar una propuesta de medidas que serán "de obligado cumplimiento para la administración incumplidora". Esto, en la práctica, dejaría en manos de Montoro la gestión financiera de Cataluña.
El 155 de la Constitución
en el supuesto de que una CCAA no cumpliese con las medidas anteriores, el Gobierno, de conformidad con el artículo 155 de la Constitución Española, y con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la autonomía su ejecución forzosa. El artículo 155 de la Carta Magna abre la puerta a la suspensión de la autonomía de la región, en este caso de Cataluña.
