Todo apunta a que Fomento dará hoy un paso de gran importancia para asegurar que el segundo aeropuerto de España no será preso del caos en pleno agosto. Está previsto que el Consejo de Ministros extraordinario apruebe la implantación de un laudo arbitral obligatorio, capaz de poner punto final a la huelga de los trabajadores de Eulen encargados de controlar los accesos.
Ante esa posibilidad, los sindicatos, con UGT al frente, están dispuestos a tomar una decisión que va mucho más allá de la legítima discrepancia. Amenazan con instar a otros aeropuertos españoles a que desarrollen paros como los que sufre El Prat desde julio y extenderlos a otras áreas de la seguridad privada. Las centrales enarbolan la defensa del derecho de huelga, frente a la supuesta injerencia del Gobierno, para justificar una medida tan extrema.
De este modo, sus responsables obvian interesadamente que las autoridades han respetado escrupulosamente ese derecho, como corresponde a un conflicto privado entre una empresa y su plantilla, hasta que el comité de huelga excedió en su protesta todos los límites legales. Así, la ley es taxativa a la hora de fijar unos servicios mínimos en el entorno del 90% en actividades de especial relevancia pública.
Sólo la reciente intervención de la Guardia Civil ha garantizado que se cumplieran dichos servicios mínimos, por lo que en los últimos dos días, pese a que los trabajadores protagonizan paros de 24 horas, ha sido imposible que se repitieran las largas colas y esperas que el comité de huelga juzgaba beneficiosas para sus intereses. Pretender, como hacen los sindicatos, que esa estrategia de chantaje vuelva a tomar fuerza, constituye una grave irresponsabilidad por parte de las centrales.
