El Gobierno pretende devolver al mercado en el menor tiempo posible las nueve autopistas en quiebra. Para ello, firma un convenio con la pública Seittsa para que opere las concesiones y elabore los pliegos de condiciones y adjudicará de nuevo todas estas vías antes de que termine 2018. Las prisas que el Ejecutivo muestra tienen el claro objetivo de limitar el impacto de la nacionalización de las carreteras en las cuentas públicas.
Los retrasos jurídicos reducen dicho impacto en 2017, pero es obvio que el rescate afectará al déficit en 2018. En este contexto, acelerar los concursos para que los ingresos obtenidos compensen parte del quebranto es acertado. Con todo, habrá que ver si es capaz de cumplir los ambiciosos plazos que se ha marcado.
