Ayer murió el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, una de las personas que se ha convertido ante la opinión pública en símbolo de los excesos de la época previa a la crisis del sector financiero. Sin duda su apellido aparece vinculado a José María Aznar, que le puso en el cargo, pero también a la investigación sobre hechos graves como la comercialización de las preferentes, las tarjetas black y una mala gestión en la entidad que contribuyó a su posterior intervención ya con Rodrigo Rato al frente.
La gravedad de los presuntos delitos obliga a que deba investigarse la implicación de sus responsables hasta el final, pero con todas las garantías y siguiendo los procesos que dicta el Estado de Derecho. La vida de Blesa, como la de tantas personas procesadas en los tribunales, pasaba por un auténtico calvario económico producido por el bloqueo cautelar de sus cuentas.
Es una medida que se toma de forma automática y que deja rozando en la indigencia a quien la sufre. Es una auténtica pena impuesta para quien sin estar sentenciado todavía, se ve imposibilitado, él y su familia, de hacer una vida normal, porque no puede disponer de un duro. Esta situación resulta para quien es todavía un presunto condenado una pena muy dura extendida en el tiempo, cuya conclusión depende de la percepción y de la voluntad del juez.
Es una cuestión que queda al albur del instructor y que genera situaciones de auténtico gobierno fáctico de los jueces, llegando en ocasiones a superar la seguridad jurídica de quienes se ven encausados durante largos años. El Gobierno quiso acortar los plazos de instrucción en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero con excesivas gateras.
