La llegada de la nueva economía online, también llamada economía colaborativa, está cambiando las reglas del juego, obligando a las empresas tradicionales a acometer una profunda modernización para poder competir. Además son fuente de generación de empleo.
Hasta aquí nada negativo que pueda decirse. El problema es que detrás llevan aparejadas demandas por precariedad laboral, competencia desleal y evasión fiscal. Airbnb es un perfecto ejemplo de estas malas prácticas.
Para empezar, la firma alquila multitud de pisos sin licencia, lo que genera un evidente quebranto a los hoteleros que sí cumplen la ley, y daña la imagen de un sector tan importante para el país, como el turismo.
Además, y al igual que otras empresas tecnológicas, Airbnb opera en Europa a través de una red opaca de empresas ubicadas algunas de ellas en paraísos fiscales. Debido a estas maniobras y pese al gran volumen de negocio que mueve, apenas paga dinero al fisco español. La precariedad laboral es la principal demanda contra plataformas de economía colaborativa, como Glovo, Uber, Cabify o Deliveroo. Por este motivo, los repartidores de esta última elevaron sus quejas a Trabajo, que ha abierto una investigación a Deliveroo por posible fraude laboral.
Hacienda también está dispuesta a solucionar el problema de los alquileres turísticos, reclamando información periódica sobre la actividad y los dueños de las viviendas. El Ejecutivo español hace lo correcto al exigir que estas nuevas empresas funcionen dentro de la legalidad. Sin duda, su llegada y las innovaciones que traen deben ser bienvenidas. Pero siempre bajo la innegociable condición de que su actividad respete la leyes vigentes.
