El impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas entró, la semana pasada, en una etapa crucial de su desarrollo. El tributo está en vigor desde el 1 de mayo, pero ha habido que esperar a los últimos días para conocer el reglamento al que se atendrá su funcionamiento, en el que se concretan detalles como que su autoliquidación se producirá entre los días 1 y 20 de julio.
La normativa, sin embargo, en nada contribuye a acabar con la polémica que todavía rodea a un tributo, cuyos efectos a la hora de disuadir el consumo de este productos, y prevenir la obesidad, están en tela de juicio. Pese a sus muchos puntos débiles, el Gobierno ha dejado claro que se inhibe de plantear recursos contra el nuevo impuesto, lo que no quiere decir que todos los frentes hayan quedado cerrados.
Muy al contrario, las empresas que integran la industria española de las bebidas azucaradas están ya organizándose para buscar vías legales que permitan socavar este impuesto. Tienen muchos frentes por los que atacar. Sin duda, podrán alegar la clara ruptura de la unidad del mercado, que supone un tributo que impone en Cataluña unas condiciones a la comercialización de refrescos que no se dan en ninguna otra parte de España.
No menos importante es la posible doble imposición que lastra a unos productos ya sometidos al IVA. Pero, sobre todo, las empresas pueden desmontar los supuestos motivos sanitarios de la Generalitat y acusarle de crear una nueva figura impositiva con meros fines recaudatorios.
El rechazo al tributo sobre los refrescos es firme, aunque en él no se incluya el Gobierno central, y puede plantearle serios problemas a la Generalitat y al conjunto de la economía catalana.
