La factura del rescate bancario en Italia, donde Intesa Sanpaolo absorberá a Popolare Vicenza y Veneto Banca, se saldará con un gasto inicial para el erario público de 5.000 millones que podrían llegar a ser 17.000 millones. El final de esta operación contrasta con la llevada a cabo en España. En el caso de Banco Popular el coste para el erario público es inexistente. El rescate se ha cargado contra accionistas y bonistas.
Justo lo contrario de lo decidido en Italia, donde el Gobierno ha optado, por motivos de cercanía electoral, por salvar a los inversores y castigar al contribuyente. Se trata de una decisión que casa mal con los principios de libre mercado y choca frontalmente con lo decidido para España. Europa no debe permitir este trato discriminatorio.
