Los bufetes que representan a los accionistas y bonistas de Popular, que perdieron todo tras la intervención del banco, tienen un blanco predilecto de sus demandas: la ampliación de capital de hace un año. Se trata de una estrategia comprensible.
Apenas hay seguridades sobre cómo fue posible que un banco solvente resultara presa del pánico de sus depositantes, y acabara estrangulado por la iliquidez. Alegar que sus cuentas eran falsas, y que los inversores fueron atraídos mediante engaños a la ampliación, ofrece a los abogados una vía directa para reclamar datos.
Se trata, por tanto, de un primer tanteo cuyo desenlace es incierto. Aparte de obtener información, está por verse si ese presunto fraude ocurrió y si puede demostrarse ante un tribunal.
