La industria alimentaria se une contra el impuesto a las bebidas azucaradas de Cataluña y pide al Gobierno que recurra la tasa al Constitucional. La razón dada por el sector estriba en que se rompe la unidad de mercado, ya que el gravamen encarece los refrescos en Cataluña frente al resto del país. El sólido argumento de la industria se une así al hecho de que el tributo no ha dado los resultados esperados en los territorios donde ya se aplica.
Su cuestionable efecto disuasorio ha llevado al Gobierno de España, y al de otros países, a dar marcha atrás en su idea de implantar el tributo. Cataluña se convierte, por tanto, en la excepción al aplicar un impuesto de dudosos resultados, que rompe la unidad de mercado y que perjudica a un sector fundamental para el PIB español.
