Más de 40 filiales vinculadas con empresas del Ibex 35 se ubican en paraísos fiscales. Este hecho debe evaluarse con ecuanimidad, más allá del revuelo creado por escándalos como los Papeles de Panamá, el caso José Manuel Soria o, más recientemente, la dimisión del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.
Primero, debe considerarse que el número de sociedades de este tipo baja año tras año. Sólo en el último ejercicio su reducción fue del 19%. A ella contribuyeron los acuerdos de la Agencia Tributaria de intercambio de datos con cada vez más territorios; pero también influyen los cierres que deciden las propias empresas.
También hay que sumar la realidad de que no hay nada delictivo en el mero hecho de que una firma decida aprovechar las ventajas de territorios fiscalmente más competitivos a escala global, para vehicular una parte de su negocio. Es más, existen peculiaridades en determinados sectores que, por exigencias logísticas, exigen el enraizamiento en países de este tipo para poder operar.
Por ejemplo, las prácticas internacionales obligan a las empresas del sector energético a negociar los fletes de combustible en territorios de esta índole. Ahora bien, todas estas razones justifican la presencia de filiales en paraísos fiscales sólo en el caso de que se asegure la transparencia de toda su operativa.
Hacienda no está en condiciones de velar por el cumplimiento de ese requisito, en la medida en que estos territorios vedan la información a toda autoridad exterior. Es responsabilidad de los propias empresas informar con exactitud sobre la identidad de quienes respaldan estas filiales y cuáles son sus resultados o, en caso de no poder hacerlo, proceder a su cierre, como están haciendo en múltiples casos.
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