La entrada y salida de jueces y fiscales en la vida política activa es una situación frecuente en España desde los 90, que aún sigue vigente. El fenómeno se ha hecho incluso más habitual gracias a los nuevos partidos, como Podemos, que no han dudado en incluir en sus listas a representantes de la judicatura.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, por su parte, no ha cambiado y sigue sin imponer condiciones al regreso de estos últimos a su carrera profesional. En consecuencia, por ejemplo, un juez instructor de la Audiencia Nacional, la instancia donde se juzgan los grandes casos de corrupción que afectan a partidos, puede volver a su puesto (sin ninguna restricción de categoría o antigüedad) tras haber pasado años trabajando para una de esas formaciones o incluso tras haber ocupado cargos de Gobierno.
Las principales asociaciones de jueces denuncian, desde hace años, la laxitud de estas puertas giratorias y debe valorarse que el Ejecutivo preste oídos a esas quejas y busque cambiar la situación. Para ello, negocia ya con Ciudadanos, partido que exigió la inclusión de esta medida en el pacto de investidura que la formación naranja y el PP firmaron en agosto.
No se trata de privar a este tipo de profesionales de la capacidad, y el derecho, que todo ciudadano tiene a participar en política. Muy al contrario, el objetivo del pacto entre el partido naranja y los populares es implementar limitaciones razonables, como un periodo mínimo de carencia (posiblemente dos años), semejante al que ya se aplica en los casos de cargos públicos que se recolocan en la empresa privada. Dando este paso, la reincorporación de jueces y fiscales a sus puestos se podrá llevar a cabo con toda transparencia y garantizando ante los ciudadanos su imparcialidad.
