Hacienda ya allana el camino hacia una condonación de parte de la deuda que las autonomías contrajeron con el Estado, a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez, en especial el FLA. El ministro Cristóbal Montoro lo adelantó ayer, evitando detallar la manera en que la quita se concretará, ya que aseguró que está abierto "a todas las sugerencias". Con todo, es ya posible prever que el Gobierno conceda su perdón sin ninguna contrapartida de los Ejecutivos autonómicos.
No en vano es la propia Administración central la que arrastra el problema más serio, pues se ha convertido en acreedor de una ingente cantidad de recursos, 174.000 millones de euros, de muy difícil devolución. Tan abultada cifra es el resultado de mantener activas las inyecciones de liquidez, creadas en lo peor de la crisis, para paliar unas tensiones de tesorería que se presumían pasajeras.
Sin embargo, lejos de desaparecer una vez superada la emergencia, el FLA y sus equivalentes siguen en pie, hasta el punto de que incluso en 2017 (con el PIB creciendo al 3% por tercer año seguido) hay pagos previstos por valor de 12.000 millones. La inusitada longevidad de estos mecanismos hará muy difícil su retirada, no sólo por la gran cantidad ya desembolsada.
Además, generará un agravio comparativo entre las autonomías que se esforzaron por enfrentarse solas al mercado y aquéllas que, no sólo se han beneficiado de años de respiración asistida sino que, además, verán cómo se hace tabula rasa con parte de su deuda. Por si fuera poco, el coste de haber eternizado el FLA puede ser aún mayor, dado que está por demostrarse si las autonomías serán capaces de seguir manteniendo a raya su déficit, como ocurrió en 2016, una vez que vuelvan a financiarse por sí solas.