El año pasado, el sector farmacéutico dio un paso de gigante al arrojar luz sobre uno de los aspectos más polémicos de su actividad: los pagos que destina a médicos. La revelación fue más allá de hacer constar que el desembolso rondó los 500 millones en 2015. Los asociados a Farmaindustria también desglosaron cuáles eran los motivos de los pagos. La transparencia sirvió para manifestar que la mayoría responden a compensaciones que los médicos reciben por participar en ensayos clínicos, necesarios para crear nuevos medicamentos.
También ayudó a poner en claro cuál es la cuantía real de los pagos en especie, como las "ayudas para asistir a congresos". La respuesta de Farmaindustria es adecuada ya que demuestra que la mejor manera de acabar con rumores y especulaciones es informar con rigor. Por ello, la patronal va más lejos y, en 2018, publicará también datos individualizados de quienes reciben los pagos.
Lejos de apoyar este aperturismo, las principales asociaciones profesionales lo critican y amenazan con recursos legales. Su oposición tiene una escasa base, ya que la propia Agencia de Protección de Datos asegura que basta con informar a los médicos, cuyos datos se publicarán, para que esa divulgación sea considerada legal.
A ello se debe añadir el hecho de que prácticas de este tipo son habituales en otros países de la Unión Europea y también en Estados Unidos, sin que generen ese rechazo entre los profesionales sanitarios. Por tanto, en el caso español, estos últimos deberían reconsiderar su actitud y no emboscarse en una opacidad que en nada beneficia al crédito del que deben disfrutar ante la sociedad.