La industria española de fondos de inversión tiene claros motivos para frenar la reforma que acaba con la discriminación fiscal de los ETFs. Si estos vehículos empiezan a tributar en igualdad con los fondos tradicionales, bancos y gestoras se arriesgan a dejar de ingresar más de 1.000 millones anuales en comisiones y retrocesiones.
No en vano sólo les falta a los ETFs un tratamiento fiscal equitativo para acabar de atraer a los inversores, pues ya ofrecen unos ínfimos gastos de gestión, como corresponde a la gestión pasiva. Por tanto, únicamente el corporativismo priva a los minoritarios de una opción interesante para mejorar rentabilidades. La industria tradicional no debe contribuir a ese perjuicio; muy al contrario, tiene que aceptar la libre competencia.