La industria española de fondos de inversión confía en que 2017 sea el año en el que el Gobierno sacará del olvido la ley que le permitirá prestar valores. Esta norma, pese a no estar vigente, cuenta con una ajetreada trayectoria. Todo estaba listo para aprobarla en 2008, pero los vaivenes de los mercados hicieron temer que los inversores bajistas, aquéllos que apuestan por la caída de un valor, recibieran munición adicional.
No en vano en España las posiciones cortas tienen que estar respaldadas por activos reales, como aquellos que la nueva ley permitía que los fondos cedieran. Actualmente, la situación en los mercados es más estable y se dan las condiciones para permitir un negocio (el préstamo de valores) que, contrariamente a lo que suele pensarse, no es especialmente arriesgado ni meramente especulativo.
Muy al contrario, se trata de una operativa regulada que exige al prestatario ofrecer garantías al prestamista en efectivo o en valores. Además, su implantación en el resto de Europa es ya antigua, de modo que España acumula un retraso que hace que su mercado pierda competitividad con respecto a sus rivales de la UE. De hecho, el alquiler de valores posibilita a los fondos obtener unas ganancias adicionales de sus carteras que no repercuten sobre las gestoras, sino directamente sobre sus partícipes.
Se estima que los inversores verán incrementada, con esta operativa, la rentabilidad en un 0,25%. La cifra, en sí misma, es pequeña, pero no debe desdeñarse en un contexto como el actual. Con los tipos de interés todavía en mínimos, los inversores necesitan nuevas vías para encontrar rentabilidades razonables, sin menoscabo en la seguridad de su inversión.
