El mercado hipotecario español se encontró el mes pasado con otro punto de inflexión. Fue entonces cuando el Tribunal de Justicia de la UE conminó a los jueces que se enfrenten a contenciosos relacionados con hipotecas a que revisen todas las cláusulas de este tipo de préstamos. Por tanto, el Tribunal consideraba que cualquier disposición contenida en el contrato puede ser susceptible de aplicarse abusivamente, y deben examinarse incluso las cláusulas que no haya impugnado el cliente, o las que ni siquiera se activaron durante la vida del préstamo.
La UE, sin duda, persigue la máxima protección del consumidor, pero no puede negarse que su sentencia, por sí sola, genera incertidumbre en el sector financiero, ya que no determina bajo qué criterios se considerará transparente la aplicación de una cláusula. Economía, sin embargo, avanza a la hora de eliminar ese vacío. Como adelantó el ministro De Guindos, la nueva ley hipotecaria será exhaustiva hasta el punto de exigir a los bancos que expliquen a sus clientes, una por una, las cláusulas que contiene el contrato. Pero no todas las exigencias recaen sobre las entidades.
La nueva norma se mostrará equilibrada al demandar a los clientes que dejen constancia, por escrito, de que comprenden lo que firmaron. Además, la ley dotará de más alcance la labor de los notarios, que ya no se limitará al momento de la firma, sino que se extenderá a la comprobación previa de que el cliente dispuso de toda la información que necesitaba. Se trata, en suma, de pasos adecuados para mitigar la grave inseguridad jurídica en la que se encuentra sumido, desde hace meses, un pilar tan fundamental del sector financiero como es el mercado hipotecario.
