En los últimos meses, la litigiosidad que afecta a los créditos hipotecarios españoles se ha disparado en los juzgados. A la retroactividad total que el Tribunal de Justicia de la UE exige para la devolución de las cláusulas suelo, se sumó recientemente la sentencia de un juzgado de Granollers que obligaba a BBVA a restituir a un cliente todos los costes de formalización de una hipoteca. Y, esta misma semana, un juzgado barcelonés imponía a Bankia la dación en pago de la vivienda de una persona que dejó de pagar las cuotas.
En todas las ocasiones, se anulan cláusulas legales y usuales en este tipo de contratos, argumentando que su aplicación no fue transparente para el consumidor. No obstante, la invocación de ese criterio se ha llevado hasta el extremo en el caso de la dación en pago forzada. La capacidad de este fallo de sentar jurisprudencia aún está por demostrarse, pero no debe restarse importancia al hecho de que un juez declaró nula la cláusula de responsabilidad personal universal, una de las garantías fundamentales para asegurar la devolución de deudas, consagrada en el Código Civil.
Resulta comprensible, por tanto, que en el mundo jurídico sea prácticamente unánime el rechazo a la sentencia, debido a la incertidumbre que plantea. El riesgo para la seguridad jurídica se mantiene en pie, aun cuando el ministro Luis de Guindos anunció ayer una reforma de la ley hipotecaria, que delimitará cuándo una cláusula puede declararse abusiva.
No en vano todavía no se conocen los detalles de dicha reforma y, en todo caso, sólo afectará a los nuevos contratos. Ahora bien, miles de hipotecas ya firmadas corren el riesgo de ver sus cláusulas más frecuentes anuladas por un juez.
